Con el inicio del nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional de Panamá dio paso a la conformación de su nueva junta directiva y a la intervención del presidente del país ante el pleno, marcando el comienzo de una etapa de gobierno que, desde sus primeras acciones, se perfila como una apuesta al diálogo político y a la implementación de reformas clave.
Dana Castañeda fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional, respaldada por una coalición entre partidos tradicionales y representantes independientes. A ella se sumaron Walkiria Chandler como primera vicepresidenta y Ricardo Valencia como segundo vicepresidente. La diversidad de fuerzas representadas en esta nueva directiva refleja una Asamblea fragmentada, sin mayorías absolutas, lo que exige una dinámica de consensos para la aprobación de leyes y reformas.
Durante su intervención ante el cuerpo legislativo, el presidente instó a todos los grupos políticos a superar las rivalidades y a colaborar por el bienestar del país. Destacó la importancia creciente del grupo de diputados independientes, que ahora cuentan con 20 escaños, y lo consideró un mensaje evidente de la población respaldando nuevas prácticas en el manejo gubernamental.
Uno de los temas principales de su discurso fue la condición de la Caja de Seguro Social (CSS). El presidente indicó que el gobierno promoverá una reforma sustancial del sistema, fundamentada en análisis técnicos y conversaciones con todos los sectores. Afirmó que no se impondrán decisiones, aunque recalcó la necesidad de actuar con prontitud, y garantizó claridad en la divulgación de los informes financieros de la entidad.
Otro asunto importante fue el cruce irregular por el Tapón del Darién. El presidente subrayó que la frontera meridional del país no se considerará meramente un corredor de paso, sino como una delimitación de soberanía nacional. Dio a conocer acciones específicas para gestionar el flujo migratorio, como la implementación de un sistema de repatriación que respetará los derechos humanos.
En cuanto al sistema financiero, el mandatario reiteró su posición crítica hacia las listas discriminatorias en las que ha sido incluida Panamá por organismos internacionales. En respuesta, se anunció la creación de una Comisión Nacional de Defensa del Sistema Financiero, que trabajará en coordinación con los sectores público y privado para proteger la reputación del país y defender su marco legal en instancias globales.
El discurso presidencial incluyó una mención sobre el estado económico. Se indicó que la deuda nacional ha crecido de forma significativa en el último lustro, por lo que se implementará una política de austeridad. Se planea reorganizar el gasto, eliminar privilegios superfluos y redirigir el presupuesto hacia la inversión en infraestructura, creación de empleos y servicios sociales.
En relación con la gobernabilidad, el mandatario propuso fortalecer la institucionalidad del Estado y acabar con la politización de las instituciones. Anunció auditorías en distintas dependencias públicas, con el objetivo de garantizar eficiencia y transparencia. También se comprometió a establecer un nuevo estilo de gobernar, basado en el respeto al marco legal y la ética administrativa.
Por último, convocó a una reunión abierta con los principales sectores empresariales, sociales y gremiales del país a partir del 1 de julio en el Palacio de las Garzas. El objetivo, explicó, es construir un gran acuerdo nacional que permita enfrentar de forma articulada los principales desafíos del país: la seguridad social, el desempleo, el desarrollo económico, la migración y la crisis hídrica que afecta al Canal de Panamá.
Así arranca un nuevo periodo político, en el que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo están llamados a coincidir en objetivos comunes y responder a un contexto nacional que exige respuestas ágiles, diálogo amplio y compromiso con las reformas que la población reclama.
