En el mes de febrero, el mandatario obtuvo un segundo mandato, a pesar de que la Carta Magna no permite la reelección consecutiva. Su partido posee una mayoría significativa en el Congreso, base sobre la cual desarrolló cambios que posibilitaron su candidatura y agilizan la aprobación de leyes con escasas restricciones.
Ampliación del sistema de excepción
A partir de marzo de 2022, se estableció un estado de emergencia que anula ciertos derechos esenciales, tal como el derecho al debido proceso y limita las libertades civiles. Aunque se planeó en un principio como una medida temporal frente al incremento de asesinatos relacionados con pandillas, este régimen ha sido extendido en más de 30 ocasiones con el respaldo del legislativo.
Este sistema ha facilitado la captura de más de 85,000 personas de manera arbitraria, con fuerzas de seguridad combinadas desplegadas en gran medida. El número abarca a adolescentes retenidos bajo sospechas de estar ligados a organizaciones delictivas, una situación cuestionada por ponerlos en riesgo de procesos indebidos y sanciones.
Documentación de violaciones y críticas a nivel global
Organizaciones de derechos humanos han catalogado estas prácticas como violaciones sistemáticas: detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, despidos forzados y graves debilidades en el proceso judicial hrw.org. Denuncias destacan que niños y adolescentes están siendo trasladados a cárceles convencionales para adultos, a pesar de estándares internacionales que prohíben tal práctica. Al menos 368 personas han muerto en esos recintos durante este periodo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si bien el marco constitucional permite la suspensión de garantías ante situaciones de emergencia, dicha acción debe ser temporal y proporcional. En esta situación se ha transformado en una práctica abusiva e indefinida, con graves repercusiones políticas y sociales.
Sistema penitenciario extenso y hacinamiento
Para respaldar al régimen, se edificó el controversial CECOT, un centro penitenciario con espacio para más de 40,000 internos, aunque funciona bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un sistema penitenciario riguroso. Esta gran prisión ha sido calificada como un “abismo” de derechos humanos donde se restringen la recreación y las visitas, y se aplican sanciones severas sin control efectivo.
Los establecimientos penitenciarios en el país han llegado a un punto de saturación: la cantidad de personas encarceladas excede las 94,000, aunque la infraestructura disponible solo puede alojar entre 30,000 y 70,000 con las mejoras recientes amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. Dentro de este sistema extremadamente congestionado, las detenciones en gran escala son comunes, las sentencias rápidas prevalecen, y las condiciones adversas amenazan la seguridad física de los reclusos.
Respaldo ciudadano y encrucijada democrática
Aunque el sacrificio de libertades es significativo, el régimen sigue gozando de un alto nivel de aceptación. Las autoridades sostienen que la decisión pone la seguridad pública en primer lugar, y una buena porción del pueblo apoya esta postura debido a la notable caída en las tasas de asesinatos.
No obstante, entidades globales y actores legales han señalado que este esquema tiránico, respaldado por el poder legislativo afianzado por el Ejecutivo, supone un debilitamiento de los controles institucionales y del respeto al Estado de derecho.
Inquietudes sobre niños y deportados
Un fuerte cuestionamiento se ha levantado también por la reubicación de menores en cárceles de adultos, lo cual vulnera derechos fundamentales y compromete edificaciones destinadas originalmente a situaciones especiales.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Balance final: ¿seguridad a costa de los derechos?
Los resultados en materia de seguridad son innegables: El Salvador registra varios años con cifras históricas bajas de homicidios y en 2024 cerró con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, la estrategia ha desplazado derechos fundamentales y debilitado radicalmente instituciones como Fiscalía y Corte Suprema, ahora plenamente subordinadas al Ejecutivo elpais.com.
El conflicto es complejo: ¿es justificable renunciar a protecciones constitucionales, libertades individuales y derechos humanos para obtener una seguridad autoproclamada? El porvenir presenta retos: la consolidación de este modelo y su continuidad después del período excepcional.
