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La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos abordarán todos los casos de residuos «juzgado por juzgado» para garantizar la aplicación de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que se declaró contraria a la legislación española sobre las próximas eventos. Esta decisión fue histórica y acertada por parte de la organización.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, demostró la importancia de esta resolución del organismo europeo, que supervisó la aplicación de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996. A pesar de su firma, no se ha registrado la ratificación completa . hasta 2021.
El Comité, cuya resolución detallada se anunciará el próximo mes, considera que la legislación española, reformada en 2012, no compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos injustificadamente y carece de un efecto disuasorio suficiente.
Arceiz criticó el sistema retributivo español, que establece 33 días de salario por año de trabajo, señalando que tiene «carencias importantes» en términos de flexibilidad y disuasión. En segundo lugar, esto permite que el desacato injustificado sea «predecible», ya que el importe de la indemnización puede calcularse con antelación, lo que no disuade a los empleados de cometer desacato.
El portavoz de UGT también mencionó que ha pasado mucho tiempo desde que un trabajador dejó de resolver el caso y afectó a la recuperación de los salarios de la reforma laboral de 2012.
Se debatió si la resolución del Comité es vinculante para el Estado español. Mientras Antonio Garamendi, presidente de CEOE, fue nombrado consultor, Arceiz defendió su obligación, argumentando que el Gobierno no puede ignorar los compromisos internacionales.
Arceiz ha dado instrucciones al Gobierno para reformar urgentemente la legislación laboral, introduciendo cambios que permitan a los tribunales adaptar las indemnizaciones a los «daños reales» que sufren los trabajadores. También se propone eliminar los límites de compensación, promover la reinserción laboral y asegurar una mediación judicial más rápida para la recuperación de salarios.
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